SANTO DOMINGO. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y miembro de su Comité Central, Luis Hernández, dijo que el país
precisa de una gran ofensiva diplomática para la defensa de la
institucionalidad y la soberanía nacional.
Hernández considera
que urge una acción combinada del Gobierno y de sectores
representativos de la sociedad para salir al frente a la embestida que
desde el exterior se mantiene contra la República Dominicana.
Plantea
que la exposición que hizo el ex presidente Leonel Fernández ante la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el reciente encuentro del
canciller Andrés Navarro con embajadores de los países del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), y de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), deben ser punto de partida de una gran cruzada,
una ofensiva diplomática, para defender la soberanía dominicana y las
instituciones.
Considera que de ninguna manera el respeto a
convenios, acuerdos y compromisos internacionales significa que la
nación tiene que someterse a mandatos que están por encima de la
Constitución de la República, de las leyes nacionales y de los derechos
del Estado.
Ve acertada la apreciación de Leonel Fernández de que
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha deslegitimado
cuando desconoce normas legales de la nación y pretende trazar pautas
sobre el régimen migratorio, la nacionalidad y las deportaciones de
extranjeros, sobre todo haitianos.
Es por eso-agregó-que la
nación se ha levantado para condenar todo intento por suplantar los
poderes del Estado y doblegar la soberanía nacional.
Agrega que a
esto se suma la inquietud expuesta por la ONU acerca de la
"resistencia" de algunos países a disposiciones emanadas de la
Convención Americana y la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, consideradas injerencistas.
El miembro del Comité
Central del PLD subraya que está fuera de discusión quién es la
autoridad en territorio dominicano, por lo que nadie desde afuera tiene
mandato para decidir sobre la política exterior, ni ordenar reformas
constitucionales ni la eliminación medidas dispuestas por el gobierno,
como el Plan de Regularización de Extranjeros.
En su opinión,
condenar a la República Dominicana por supuestas violaciones de
extranjeros y dominicanos de ascendencia haitiana, decir que aquí hay
apátridas, y tratar de trazar políticas nacionales es un
exceso inaceptable que no se puede permitir.
Por tal razón, dijo
compartir la inquietud de sectores sensatos de la nación de que se debe
dar seguimiento a la posición expuesta por el ex presidente Fernández y
el canciller Navarro para enviar misiones diplomáticas a distintos
países para desmontar los ataques motorizados desde potencias y
organismos internacionales en contra de la soberanía y las instituciones
nacionales.
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